Derecho Penal

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Abogados especialistas en defensa penal y procedimientos judiciales.

El derecho penal es una rama del derecho público que regula la contención de la delincuencia, mediante la aplicación de sanciones (penas y medidas de seguridad) a quienes los cometen. Los abogados penalistas son el medio de control más fuerte y al que se debe acudir siempre que exista una acusación penal, antes de dar más pasos, para determinar cuál será la mejor estrategia a seguir en su defensa.

Un mal asesoramiento o una mala elección de un abogado de derecho penal pueden tener consecuencias muy serias para el cliente. Por eso, aconsejamos depositar la confianza en un bufete de abogados con una gran experiencia y un sobresaliente conocimiento de las leyes.

En el bufete LIDIARE contamos con un equipo de abogados penalistas con la formación y capacidad necesaria para prestar asesoramiento tanto a particulares como a empresas. Estamos preparados para actuar como defensa y también como acusación en procedimientos e instancias como el derecho penal económico, el derecho penal del medio ambiente y urbanístico, el derecho penal administrativo, etc.

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El derecho penal se puede aplicar a delitos de diversas naturalezas. Los delitos contra las personas son, por ejemplo, amenazas, coacciones, lesiones y violencia de género, entre otros. Dentro de los delitos económicos encontramos las estafas, blanqueo, hurto, robo, delitos fiscales e informáticos y los relacionados con la propiedad industrial e intelectual. Delitos contra la administración son la malversación, el cohecho, la obstrucción a la justicia, el tráfico de drogas y la tenencia ilícita de armas entre otros.

También son delitos penales las violaciones, el acoso sexual, el abuso sexual, el exhibicionismo y la pornografía infantil (delitos contra la libertad sexual), la conducción temeraria, el exceso de velocidad y la conducción sin permiso (delitos contra la seguridad vial).

En el caso de las empresas, para evitar delitos penales derivados de su actividad, recomendamos un buen asesoramiento en compliance penal, un conjunto de herramientas que se aplican para prevenir la infracción de normas y leyes penales.

Los menores de edad no están exentos de una acusación penal. A partir de los catorce años, el menor puede ser acusado de un delito y pasar por un proceso penal ante un juez, igual que un adulto. Las medidas que se toman para menores suelen ser reeducativas o de reinserción, en vez de penales, pero, aun así, es importante establecer una buena estrategia de defensa penal.

Cuando se trate de elegir al abogado que llevará su defensa o la de un familiar ante un juicio penal, procure seleccionar un despacho con un alto grado de especialización en derecho penal, lo que se demuestra con sus casos de éxito en causas penales, al poder ser de naturaleza similar a la de su caso. Recuerde que, si ha sido acusado de un delito penal, su patrimonio y su libertad podrían estar en peligro.

En LIDIARE podemos analizar su caso con cuidado y proponerle una estrategia efectiva ante cualquier acusación penal. Contacte con nosotros cuanto antes.

SERVICIOS DESTACADOS

Servicios más demandados en Derecho penal

Compliance penal

Prevención de responsabilidad penal de la empresa

Análisis de riesgos y código ético corporativo

Canal de denuncias y sistema de supervisión

Defensa de Administradores en el ámbito penal

Defensa frente a imputaciones penales por gestión

Administración desleal, insolvencias, delitos fiscales

Estrategia de defensa desde las primeras diligencias

Delitos societarios

Administración fraudulenta y falsedad documental

Imposición de acuerdos abusivos en juntas

Negación de derechos a los socios

Penas violencia de género

Defensa legal para víctimas y acusados

Solicitud de medidas de protección

Acusación particular e indemnización por daños

Preguntas frecuentes

Resolvemos las dudas más comunes sobre derecho penal. Si no encuentra respuesta a su consulta, nuestro equipo está a su disposición.

Si recibe una citación como investigado, tiene derecho a: conocer los hechos que se le imputan, guardar silencio, no declarar contra sí mismo, designar abogado (obligatorio) y solicitar asistencia jurídica gratuita si cumple los requisitos. Nunca acuda solo a una declaración como investigado. En LIDIARE le acompañamos y preparamos su defensa desde el primer momento.

Desde 2015, las faltas desaparecieron del Código Penal. Ahora existen delitos graves, menos graves y leves. Los delitos leves (antiguas faltas) incluyen hurtos menores de 400€, lesiones leves sin tratamiento médico, o amenazas leves. La diferencia principal está en la gravedad de la pena: los delitos leves se castigan con multa, mientras que los graves pueden conllevar prisión.

La conformidad es un acuerdo con la Fiscalía para aceptar los hechos y la pena a cambio de una reducción (normalmente 1/3). Conviene cuando las pruebas son contundentes y la rebaja es significativa. No conviene si hay posibilidades de absolución o si la pena conformada sigue siendo muy grave. En LIDIARE evaluamos cada caso para aconsejarle la mejor estrategia.

Si la pena de prisión es de 2 años o menos y no tiene antecedentes penales, el juez puede suspender la ejecución de la pena durante un plazo de 2 a 5 años. Si durante ese tiempo no comete nuevos delitos y cumple las condiciones impuestas, la pena queda extinguida. Es lo que comúnmente se conoce como "pena condicional" o "suspensión de condena".

El delito de lesiones castiga causar daño físico o psíquico que requiera tratamiento médico o quirúrgico (más allá de una primera asistencia). Las penas van desde multa para lesiones leves hasta 2-5 años de prisión para lesiones graves. Si hay agravantes (armas, ensañamiento, víctima vulnerable), las penas aumentan significativamente.

Los antecedentes penales se cancelan transcurrido un plazo desde la extinción de la pena, según la gravedad: 6 meses para penas leves, 2 años para penas de hasta 12 meses de prisión, 3 años para penas de hasta 3 años, y 5 años para penas superiores. Debe solicitarse al Ministerio de Justicia. La cancelación no es automática, hay que pedirla expresamente.

Como víctima tiene derecho a: ser informada del proceso, personarse como acusación particular, solicitar medidas de protección, recibir asistencia y apoyo, ser notificada de resoluciones importantes, y obtener restitución e indemnización. Si el agresor es insolvente, puede solicitar ayudas públicas para víctimas de delitos violentos. En LIDIARE defendemos sus derechos como víctima.

La orden de protección es una resolución judicial que protege a víctimas de violencia doméstica o de género. Incluye medidas penales (alejamiento, prohibición de comunicación) y civiles (atribución de vivienda, custodia de hijos). Se solicita en el juzgado, comisaría o fiscalía, y debe resolverse en un máximo de 72 horas. Es fundamental para garantizar su seguridad.