Preguntas Frecuentes

Derecho de Familia

16 preguntas frecuentes

La duración depende del tipo de divorcio. Un divorcio de mutuo acuerdo puede resolverse en 2-3 meses si ambas partes están conformes con el convenio regulador. En cambio, un divorcio contencioso puede extenderse de 6 meses a más de un año, dependiendo de la complejidad del caso y la carga del juzgado. En LIDIARE trabajamos para agilizar los trámites y alcanzar acuerdos que beneficien a todas las partes.

La custodia compartida implica que ambos progenitores comparten el tiempo de convivencia con los hijos de forma equitativa (alternando semanas, quincenas, etc.), así como las responsabilidades de su cuidado. La custodia exclusiva otorga la convivencia habitual a uno de los progenitores, mientras el otro tiene un régimen de visitas. El juez decide según el interés superior del menor, valorando factores como la disponibilidad horaria, la cercanía de domicilios y la relación con cada progenitor.

La pensión de alimentos se calcula considerando las necesidades reales de los hijos (alimentación, vivienda, educación, sanidad, ocio) y la capacidad económica de ambos progenitores. No existe una fórmula fija en España, aunque algunos juzgados utilizan tablas orientativas. Se tienen en cuenta los ingresos de cada progenitor, el número de hijos, gastos extraordinarios y el nivel de vida familiar previo. En LIDIARE analizamos cada caso para asegurar una pensión justa y equilibrada.

Sí, el convenio regulador puede modificarse cuando exista un cambio sustancial de circunstancias. Por ejemplo: pérdida o mejora significativa de empleo, cambio de residencia, nuevas necesidades de los hijos, o modificación de la situación familiar. Se puede solicitar de mutuo acuerdo (más rápido) o de forma contenciosa si no hay acuerdo. Nuestros abogados le asesorarán sobre la viabilidad de la modificación y gestionarán todo el proceso.

Los abuelos tienen reconocido legalmente el derecho a mantener relaciones personales con sus nietos (artículo 160 del Código Civil). Si los padres impiden este contacto sin causa justificada, los abuelos pueden solicitar judicialmente un régimen de visitas. El juez valorará el interés del menor y las circunstancias familiares. En LIDIARE defendemos estos vínculos familiares esenciales para el desarrollo emocional de los menores.

La sociedad de gananciales es el régimen económico matrimonial más común en España. Al disolverse el matrimonio, hay que liquidar (repartir) los bienes y deudas adquiridos durante el matrimonio. Se realiza un inventario de activos y pasivos, se pagan las deudas comunes y el remanente se divide al 50%. Los bienes privativos de cada cónyuge no entran en el reparto. Nuestros expertos le ayudarán a proteger sus intereses en este proceso.

El uso de la vivienda familiar se atribuye según criterios legales: generalmente al cónyuge que tenga la custodia de los hijos menores. Si no hay hijos o son mayores, se valoran las circunstancias de cada cónyuge (necesidad, recursos económicos). Esta atribución puede ser temporal. Respecto a la propiedad, si es de ambos, deberán acordar su venta, adjudicación a uno compensando al otro, o mantenerla en copropiedad. Le asesoramos sobre la mejor solución para su caso.

Sí, en España es obligatorio contar con abogado y procurador para tramitar un divorcio, incluso de mutuo acuerdo. Sin embargo, en el divorcio de mutuo acuerdo ambos cónyuges pueden compartir el mismo abogado y procurador, lo que reduce significativamente los costes. En LIDIARE ofrecemos tarifas competitivas para divorcios amistosos y le guiamos en la redacción de un convenio regulador equilibrado que proteja sus intereses y los de sus hijos.

La separación suspende la vida en común y algunos efectos del matrimonio, pero el vínculo matrimonial permanece (no puede volver a casarse). El divorcio disuelve completamente el matrimonio. Hoy en día la separación es poco frecuente, ya que se puede solicitar el divorcio directamente sin necesidad de separación previa desde que transcurran 3 meses desde el matrimonio.

El divorcio express es el divorcio de mutuo acuerdo, que puede tramitarse transcurridos 3 meses desde el matrimonio. Si no hay hijos menores ni incapacitados, puede hacerse ante notario. El proceso judicial de mutuo acuerdo suele durar entre 1 y 3 meses. En LIDIARE agilizamos los trámites para que pueda iniciar su nueva etapa lo antes posible.

El convenio regulador debe contener: custodia de los hijos y régimen de visitas, uso de la vivienda familiar, pensión de alimentos para los hijos, pensión compensatoria entre cónyuges (si procede), liquidación del régimen económico matrimonial, y contribución a las cargas familiares. Es un documento fundamental que regirá su vida post-matrimonial.

Sí, en España el divorcio no requiere el consentimiento del otro cónyuge. Si uno de los dos lo solicita, el juez lo concederá. La diferencia es que será un divorcio contencioso en lugar de mutuo acuerdo, lo que implica mayor duración, costes y conflictividad. En estos casos es especialmente importante contar con un buen asesoramiento legal.

La pensión compensatoria busca compensar el desequilibrio económico que el divorcio causa a uno de los cónyuges. Se valora: la edad y estado de salud, la dedicación a la familia, la colaboración en actividades del otro cónyuge, la duración del matrimonio, y las perspectivas económicas de cada uno. Puede ser temporal o indefinida según las circunstancias.

Las deudas contraídas durante el matrimonio en régimen de gananciales son responsabilidad de ambos cónyuges frente a los acreedores, independientemente de lo que se pacte en el convenio. En el convenio pueden acordar quién asume cada deuda internamente, pero el acreedor puede reclamar a cualquiera de los dos. Es importante liquidar las deudas o refinanciarlas individualmente.

Sí, puede solicitarse una modificación de medidas cuando exista un cambio sustancial de circunstancias: cambio de domicilio, nuevas necesidades de los hijos, cambio en la situación laboral o personal, deseo del menor mayor de 12 años, o incumplimiento grave del régimen establecido. El juez valorará siempre el interés superior del menor.

Los gastos extraordinarios son aquellos no previsibles y no incluidos en la pensión de alimentos: gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social, ortodoncia, gafas, actividades extraescolares, clases particulares, viajes escolares, etc. Normalmente se reparten al 50%, aunque puede pactarse otra proporción. Es recomendable definir claramente qué gastos se consideran extraordinarios.

Derecho Laboral

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El plazo para impugnar un despido es de 20 días hábiles desde la fecha de efectos del despido (no desde la comunicación). Es un plazo de caducidad muy estricto que no se interrumpe ni suspende, salvo por la presentación de papeleta de conciliación ante el SMAC. Por ello, es fundamental actuar con rapidez. En LIDIARE le asesoramos desde el primer momento.

El despido es improcedente cuando no se acreditan las causas alegadas o no se cumplen los requisitos formales. Es nulo cuando vulnera derechos fundamentales, se produce durante embarazo, permisos de maternidad/paternidad, reducción de jornada, o es discriminatorio. El despido improcedente conlleva indemnización de 33 días por año (45 días si es anterior a 2012). El despido nulo obliga a la readmisión.

La indemnización por despido improcedente es de 33 días de salario por año trabajado (con máximo de 24 mensualidades) para contratos posteriores a febrero de 2012. Para antigüedad anterior, se aplican 45 días/año con máximo de 42 mensualidades. El despido objetivo (causas económicas, organizativas) tiene una indemnización de 20 días/año con máximo de 12 mensualidades.

El acoso laboral (mobbing) es toda conducta hostil, reiterada y prolongada que atenta contra la dignidad del trabajador. Para denunciarlo: documente los hechos (correos, testigos, informes médicos), comuníquelo a la empresa por escrito, acuda a Inspección de Trabajo, y si persiste, puede solicitar la extinción indemnizada del contrato o demandar por daños. En LIDIARE le ayudamos a reunir pruebas y defender sus derechos.

Sí, estar de baja no impide el despido, pero si la enfermedad deriva en discapacidad, el despido por esta causa es nulo. También es nulo si la baja está relacionada con embarazo o tiene carácter discriminatorio. Si se despide durante una baja por enfermedad común sin causa real, probablemente será declarado improcedente. Cada caso debe analizarse individualmente.

Las horas extra deben compensarse con descanso o retribución (mínimo como hora ordinaria, salvo convenio que establezca más). Si no se las pagan, puede reclamar: primero por escrito a la empresa, luego papeleta ante el SMAC, y finalmente demanda judicial. El plazo es de 1 año para reclamar salarios. Guarde prueba de las horas realizadas (registros, correos, testigos).

Si es un traslado que implica cambio de residencia, puede: aceptarlo (con compensación de gastos), impugnarlo judicialmente si considera que no hay causa justificada, o extinguir el contrato con indemnización de 20 días/año. Tiene 20 días para impugnar. Los traslados dentro del mismo centro o sin cambio de residencia están dentro del poder de dirección empresarial, salvo que sean abusivos o discriminatorios.

En un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) tiene derecho a: ser informado y consultado a través de los representantes de los trabajadores, percibir una indemnización mínima de 20 días/año, prioridad de permanencia si pertenece a colectivos protegidos, y prestación por desempleo. Si el ERE es declarado nulo o improcedente, puede reclamar la readmisión o una indemnización mayor.

Derecho Inmobiliario

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Antes de comprar una vivienda es fundamental revisar: la nota simple del Registro de la Propiedad (cargas, hipotecas, embargos), el certificado de eficiencia energética, el IBI y posibles deudas con la comunidad, la cédula de habitabilidad, los estatutos de la comunidad de propietarios, y el contrato de arras o señal. En LIDIARE revisamos toda la documentación para garantizar una compra segura y sin sorpresas.

Las arras penitenciales permiten a cualquiera de las partes desistir del contrato: si desiste el comprador, pierde la cantidad entregada; si desiste el vendedor, debe devolver el doble. Las arras confirmatorias son un anticipo del precio y no permiten desistir; si hay incumplimiento, se puede exigir el cumplimiento del contrato más indemnización. Es crucial definir claramente el tipo de arras en el contrato.

Si el arrendador no devuelve la fianza en el plazo de un mes desde la entrega de llaves sin justificación, puede reclamar por vía judicial. Primero, envíe un burofax reclamando la devolución con los intereses legales. Si no responde, puede interponer una demanda de juicio verbal (hasta 6.000€) o monitorio. Conserve el contrato, recibos de pago, fotos del estado del inmueble y el acta de entrega de llaves.

La Inspección Técnica de Edificios (ITE) es un control obligatorio para edificios de más de 50 años (varía según municipio) que evalúa su estado de conservación. Debe realizarla un técnico competente y presentarse al Ayuntamiento. Si el edificio no pasa la inspección, la comunidad debe realizar las obras necesarias. El incumplimiento puede conllevar sanciones y problemas para vender o alquilar las viviendas.

El inquilino puede desistir del contrato una vez transcurridos 6 meses, comunicándolo con 30 días de antelación. Si el contrato lo establece, puede tener que indemnizar al propietario con una mensualidad por año que reste de contrato. El propietario solo puede resolver anticipadamente por impago, actividades molestas, daños, obras no consentidas o subarriendo no autorizado.

El comprador asume: ITP (6-10% según comunidad) o IVA (10%) si es obra nueva, gastos de notaría, registro de la propiedad, y gestoría. El vendedor paga: plusvalía municipal, cancelación de hipoteca si existe, certificado energético y posible IRPF por ganancia patrimonial. En LIDIARE le detallamos todos los gastos antes de la operación para que no haya sorpresas.

Si descubre defectos graves no aparentes que hacen la vivienda inadecuada o disminuyen su valor, tiene 6 meses desde la entrega para ejercitar la acción de saneamiento. Puede solicitar la resolución del contrato o una rebaja proporcional del precio. Para viviendas nuevas, la Ley de Ordenación de la Edificación establece plazos de garantía de 1, 3 y 10 años según el tipo de defecto.

El desahucio por impago se inicia con una demanda judicial. El inquilino tiene 10 días para pagar, oponerse o solicitar asistencia jurídica gratuita. Si no actúa, se dicta decreto de lanzamiento. Si se opone, se celebra juicio. El proceso puede durar de 3 a 8 meses según el juzgado y si hay oposición. En LIDIARE gestionamos todo el procedimiento protegiendo los derechos del propietario.

Reclamaciones a Seguros

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El plazo general para reclamar a una aseguradora es de 2 años desde que se produjo el siniestro o desde que tuvo conocimiento del mismo. Para seguros de vida, el plazo es de 5 años. Es fundamental comunicar el siniestro lo antes posible (generalmente 7 días) y conservar toda la documentación. En LIDIARE le ayudamos a no perder ningún plazo y maximizar su indemnización.

Si la aseguradora rechaza su reclamación, primero solicite el motivo por escrito. Después puede: presentar una reclamación al Servicio de Atención al Cliente de la compañía, acudir al Defensor del Cliente, reclamar ante la Dirección General de Seguros, o interponer una demanda judicial. En LIDIARE analizamos su póliza y el rechazo para determinar la mejor vía de reclamación.

La aseguradora debe realizar el pago en un plazo máximo de 40 días desde la comunicación del siniestro. Si no cumple este plazo, deberá abonar intereses de demora del 20% anual los dos primeros años y el interés legal incrementado en un 50% a partir del tercer año. Estos intereses son automáticos y no requieren reclamación previa.

El seguro de hogar suele cubrir daños por agua (roturas de tuberías, filtraciones), pero las inundaciones por fenómenos atmosféricos extraordinarios las cubre el Consorcio de Compensación de Seguros. Es importante diferenciar entre daños por agua "domésticos" y daños por fenómenos extraordinarios. Revise su póliza y, ante la duda, consulte con nuestros especialistas.

Sí, puede reclamar al Consorcio de Compensación de Seguros, que cubre los daños causados por vehículos sin seguro, robados o no identificados. El Consorcio indemniza los daños personales y materiales, aunque con ciertas limitaciones. También puede reclamar directamente al conductor culpable, aunque recuperar el dinero puede ser más difícil.

La franquicia es la cantidad que el asegurado debe asumir en cada siniestro antes de que la aseguradora pague. Por ejemplo, con una franquicia de 300€ y un daño de 1.000€, la aseguradora pagará 700€. Existen franquicias absolutas (se descuentan siempre) y relativas (si el daño supera la franquicia, se paga todo). Revise siempre las franquicias antes de contratar.

La aseguradora envía un perito que evalúa los daños y determina si el vehículo es reparable o siniestro total. Para siniestro total, calcula el valor venal (valor de mercado antes del accidente) menos el valor de los restos. Si no está de acuerdo con la valoración, puede solicitar un perito independiente o acudir a juicio. En LIDIARE defendemos que reciba una indemnización justa.

Documentación esencial: póliza de seguro, parte de accidente o atestado policial, fotografías de los daños, facturas de reparación o presupuestos, informes médicos si hay lesiones, y cualquier comunicación con la aseguradora. Cuanta más documentación aporte, más sólida será su reclamación. Nuestros abogados le asesoran sobre qué pruebas reunir.

Herencias y Sucesiones

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No existe un plazo legal fijo para aceptar o renunciar, pero el derecho a aceptar prescribe a los 30 años. Sin embargo, cualquier interesado puede solicitar judicialmente que el heredero se pronuncie en un plazo de 30 días (interpellatio in iure). El Impuesto de Sucesiones debe liquidarse en 6 meses desde el fallecimiento, prorrogables otros 6 meses si se solicita antes del quinto mes.

La aceptación pura y simple hace al heredero responsable de todas las deudas del fallecido, incluso con su propio patrimonio. La aceptación a beneficio de inventario limita la responsabilidad al valor de los bienes heredados, protegiendo el patrimonio personal del heredero. Recomendamos siempre aceptar a beneficio de inventario cuando desconozca la situación económica del fallecido.

Sí, pero solo por las causas tasadas en el Código Civil: negarle alimentos, maltrato físico o psicológico, atentar contra su vida, acusarle falsamente de delito grave, o incumplir gravemente los deberes familiares. La desheredación debe hacerse en testamento expresando la causa. Si el desheredado la impugna y no se prueba la causa, tendrá derecho a su legítima.

La legítima es la porción de la herencia que la ley reserva a determinados herederos (herederos forzosos). En España, los hijos tienen derecho a 2/3 de la herencia (1/3 legítima estricta + 1/3 de mejora). Si no hay hijos, los padres tienen derecho a 1/2 o 1/3 según haya o no cónyuge viudo. El cónyuge viudo tiene derecho al usufructo de 1/3 o 1/2 según los casos.

El Impuesto de Sucesiones varía enormemente según la comunidad autónoma, el parentesco con el fallecido y el valor de la herencia. Algunas comunidades como Madrid o Andalucía tienen bonificaciones de hasta el 99% para familiares directos. En otras, el impuesto puede superar el 30% del valor heredado. En LIDIARE analizamos su caso para optimizar fiscalmente la herencia.

Si no hay testamento, se abre la sucesión intestada o "ab intestato". Heredan por este orden: hijos y descendientes, padres y ascendientes, cónyuge viudo, hermanos y sobrinos, y finalmente el Estado. Es necesario tramitar una declaración de herederos ante notario (familiares directos) o judicialmente (otros parientes). El proceso es más largo y costoso que con testamento.

Un testamento puede impugnarse por: vicios formales (no cumplir los requisitos legales), falta de capacidad del testador (demencia, presión), preterición de herederos forzosos, o desheredación injusta. El plazo para impugnar varía: 15 años para nulidad absoluta, 4 años para anulabilidad. La impugnación es un proceso complejo que requiere asesoramiento especializado.

Si los herederos están de acuerdo, pueden hacer una partición voluntaria ante notario. Si no hay acuerdo, cualquier heredero puede solicitar la partición judicial, nombrándose un contador-partidor. La herencia se divide en lotes de igual valor, y si hay bienes indivisibles (como una vivienda), puede adjudicarse a uno compensando a los demás o venderse y repartir el dinero.

Derecho Penal

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Si recibe una citación como investigado, tiene derecho a: conocer los hechos que se le imputan, guardar silencio, no declarar contra sí mismo, designar abogado (obligatorio) y solicitar asistencia jurídica gratuita si cumple los requisitos. Nunca acuda solo a una declaración como investigado. En LIDIARE le acompañamos y preparamos su defensa desde el primer momento.

Desde 2015, las faltas desaparecieron del Código Penal. Ahora existen delitos graves, menos graves y leves. Los delitos leves (antiguas faltas) incluyen hurtos menores de 400€, lesiones leves sin tratamiento médico, o amenazas leves. La diferencia principal está en la gravedad de la pena: los delitos leves se castigan con multa, mientras que los graves pueden conllevar prisión.

La conformidad es un acuerdo con la Fiscalía para aceptar los hechos y la pena a cambio de una reducción (normalmente 1/3). Conviene cuando las pruebas son contundentes y la rebaja es significativa. No conviene si hay posibilidades de absolución o si la pena conformada sigue siendo muy grave. En LIDIARE evaluamos cada caso para aconsejarle la mejor estrategia.

Si la pena de prisión es de 2 años o menos y no tiene antecedentes penales, el juez puede suspender la ejecución de la pena durante un plazo de 2 a 5 años. Si durante ese tiempo no comete nuevos delitos y cumple las condiciones impuestas, la pena queda extinguida. Es lo que comúnmente se conoce como "pena condicional" o "suspensión de condena".

El delito de lesiones castiga causar daño físico o psíquico que requiera tratamiento médico o quirúrgico (más allá de una primera asistencia). Las penas van desde multa para lesiones leves hasta 2-5 años de prisión para lesiones graves. Si hay agravantes (armas, ensañamiento, víctima vulnerable), las penas aumentan significativamente.

Los antecedentes penales se cancelan transcurrido un plazo desde la extinción de la pena, según la gravedad: 6 meses para penas leves, 2 años para penas de hasta 12 meses de prisión, 3 años para penas de hasta 3 años, y 5 años para penas superiores. Debe solicitarse al Ministerio de Justicia. La cancelación no es automática, hay que pedirla expresamente.

Como víctima tiene derecho a: ser informada del proceso, personarse como acusación particular, solicitar medidas de protección, recibir asistencia y apoyo, ser notificada de resoluciones importantes, y obtener restitución e indemnización. Si el agresor es insolvente, puede solicitar ayudas públicas para víctimas de delitos violentos. En LIDIARE defendemos sus derechos como víctima.

La orden de protección es una resolución judicial que protege a víctimas de violencia doméstica o de género. Incluye medidas penales (alejamiento, prohibición de comunicación) y civiles (atribución de vivienda, custodia de hijos). Se solicita en el juzgado, comisaría o fiscalía, y debe resolverse en un máximo de 72 horas. Es fundamental para garantizar su seguridad.

Derecho Mercantil

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Depende de varios factores: número de socios, capital disponible, responsabilidad deseada y actividad. La Sociedad Limitada (SL) es la más común por su flexibilidad y capital mínimo (3.000€). La Sociedad Anónima (SA) requiere 60.000€ y es adecuada para grandes proyectos. El autónomo es más sencillo pero con responsabilidad ilimitada. En LIDIARE analizamos su caso para recomendar la mejor opción.

Los administradores responden frente a la sociedad, los socios y los acreedores por actos contrarios a la ley o los estatutos, o por negligencia en su gestión. En caso de deudas sociales, pueden responder solidariamente si no promueven la disolución cuando procede, o si actúan dolosamente. Es fundamental conocer y cumplir los deberes legales para evitar responsabilidades personales.

Para proteger su marca debe registrarla en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). El registro otorga exclusividad por 10 años, renovables indefinidamente. Antes de solicitar, conviene hacer una búsqueda de anterioridades para evitar rechazos. También puede registrar a nivel europeo (EUIPO) o internacional (OMPI). En LIDIARE gestionamos todo el proceso de registro y defensa de marcas.

El pacto de socios es un contrato privado entre los socios que regula aspectos no incluidos en los estatutos: reparto de funciones, política de dividendos, cláusulas de salida, derecho de arrastre y acompañamiento, no competencia, etc. Es especialmente importante en startups y empresas familiares. Aunque no es obligatorio, previene conflictos futuros y aporta seguridad jurídica.

Toda sociedad debe llevar contabilidad ordenada: Libro Diario, Libro de Inventarios y Cuentas Anuales, y libros societarios (actas, socios). Las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria) deben depositarse en el Registro Mercantil en los 7 meses siguientes al cierre del ejercicio. El incumplimiento puede acarrear sanciones y el cierre registral de la sociedad.

Primero, intente una reclamación extrajudicial (burofax). Si no paga, puede acudir al procedimiento monitorio (para deudas documentadas) o al juicio declarativo. El monitorio es más rápido: si el deudor no se opone en 20 días, se despacha ejecución directamente. Para deudas internacionales existen procedimientos específicos. En LIDIARE gestionamos el cobro de deudas de forma eficaz.

El concurso de acreedores es el procedimiento para empresas en situación de insolvencia (no poder pagar deudas). Debe solicitarse en los 2 meses siguientes a conocer la insolvencia. El objetivo es intentar un convenio con los acreedores o, si no es posible, liquidar ordenadamente. Solicitar el concurso a tiempo puede evitar responsabilidades personales de los administradores.

La ampliación de capital aumenta los fondos propios de la sociedad mediante nuevas aportaciones. Requiere acuerdo de la Junta General (mayoría reforzada en SA). Los socios tienen derecho de suscripción preferente. Puede ser con cargo a nuevas aportaciones (dinerarias o no dinerarias) o con cargo a reservas. Debe inscribirse en el Registro Mercantil para tener efectos frente a terceros.

Derecho Fiscal

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Mantenga la calma y no ignore la notificación. Lea atentamente el contenido para identificar si es un requerimiento de información, una propuesta de liquidación, o el inicio de un procedimiento sancionador. Anote los plazos de respuesta (normalmente 10-15 días). En LIDIARE analizamos la notificación y preparamos la respuesta más adecuada para defender sus intereses.

El plazo general de prescripción es de 4 años desde el día siguiente al término del plazo de presentación de la declaración. Sin embargo, los delitos fiscales (deudas superiores a 120.000€) prescriben a los 5 años (10 si es contra la Hacienda europea). La prescripción se interrumpe con cualquier actuación de la Administración o del contribuyente relacionada con la deuda.

Sí, puede solicitar aplazamiento o fraccionamiento de deudas tributarias. Para deudas hasta 30.000€ no se exige garantía. Deberá justificar dificultades de tesorería y proponer un calendario de pagos. Se aplicarán intereses de demora. No son aplazables las retenciones ni los pagos a cuenta. En LIDIARE gestionamos su solicitud para maximizar las posibilidades de aprobación.

La comprobación limitada es un procedimiento más sencillo donde Hacienda verifica datos de una declaración concreta sin examinar la contabilidad mercantil. La inspección es más amplia: puede revisar varios ejercicios, examinar toda la contabilidad, realizar visitas a las instalaciones y requerir información a terceros. La inspección puede derivar en sanciones más graves.

Las sanciones varían según la gravedad de la infracción: leves (50-100% de la cantidad dejada de ingresar), graves (50-100% con incrementos por ocultación), muy graves (100-150% por medios fraudulentos). Además, existen sanciones por presentar declaraciones fuera de plazo, no atender requerimientos, o llevar incorrectamente los libros registros.

Tiene dos vías: recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto (1 mes de plazo) o reclamación económico-administrativa ante el TEAR (1 mes). Son excluyentes, debe elegir una. Si la resolución es desfavorable, puede recurrir ante el TEAC o los tribunales contencioso-administrativos. La interposición de recursos no suspende el pago salvo que se garantice la deuda.

El régimen de módulos es un sistema simplificado de tributación para autónomos en determinadas actividades (hostelería, comercio minorista, transporte, etc.) que calcula el rendimiento según parámetros objetivos (metros del local, empleados, potencia eléctrica) en lugar de ingresos reales. Tiene límites de facturación y puede no ser conveniente si tiene pocos ingresos o muchos gastos.

Solo puede deducirse los gastos del vehículo si se utiliza exclusivamente para la actividad profesional (taxis, transportistas, comerciales, etc.). Para uso mixto, la jurisprudencia permite deducir un porcentaje de afectación, aunque Hacienda suele rechazarlo. En IVA, solo es deducible el 50% salvo prueba de uso exclusivo. En LIDIARE le asesoramos sobre qué gastos puede deducir de forma segura.

Derecho Bancario

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Sí, puede reclamar los gastos de formalización de hipoteca abonados indebidamente. Tras diversas sentencias del Tribunal Supremo, los bancos deben devolver: la totalidad del impuesto de AJD en hipotecas anteriores a noviembre 2018, la mitad de los gastos de notaría, la totalidad de los de gestoría, y la tasación. El plazo de reclamación es de 5 años desde el pago. En LIDIARE recuperamos estos gastos para nuestros clientes.

La cláusula suelo establecía un tipo de interés mínimo que impedía beneficiarse de las bajadas del Euríbor. El Tribunal de Justicia de la UE declaró que si no se informó adecuadamente al cliente, se debe devolver todo lo cobrado de más desde el inicio. El plazo para reclamar es de 5 años desde la sentencia del TJUE (2016). Analizamos su hipoteca para determinar si puede reclamar.

Si recibe una demanda de ejecución hipotecaria, tiene 10 días para oponerse alegando cláusulas abusivas o causas de oposición (pago, quita, pacto de espera, etc.). Es fundamental actuar rápido para intentar paralizar el procedimiento o negociar una solución (dación en pago, reestructuración). En LIDIARE defendemos a familias en riesgo de perder su vivienda buscando la mejor solución posible.

Sí, si contrató productos financieros complejos (preferentes, subordinadas, swaps, bonos convertibles) sin recibir información adecuada sobre sus riesgos, puede reclamar la nulidad del contrato y la devolución de su inversión. El banco debe demostrar que le informó correctamente. El plazo es de 4 años desde que conoció los riesgos o las pérdidas.

El IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) es un índice oficial que ha sido sistemáticamente más alto que el Euríbor. El Tribunal Supremo ha establecido que no es abusivo por sí mismo, pero puede reclamarse si no se informó adecuadamente de su funcionamiento y evolución comparada con otros índices. Analizamos cada caso para determinar las posibilidades de éxito.

Son reclamables las comisiones no pactadas expresamente, las desproporcionadas, o las cobradas por servicios no prestados realmente: comisiones de mantenimiento no informadas, comisiones por descubierto abusivas, comisiones de reclamación de posiciones deudoras excesivas, o comisiones de apertura en determinados casos. Revisamos su contrato para identificar las comisiones reclamables.

El plazo general es de 5 años para reclamar cantidades indebidamente cobradas (gastos, cláusulas abusivas). Para la nulidad de cláusulas por falta de transparencia no hay plazo (la acción es imprescriptible). Para productos financieros mal comercializados, el plazo es de 4 años desde el conocimiento del engaño. Cada caso requiere análisis individual para determinar los plazos aplicables.

Para negociar una quita (reducción de deuda) es importante: documentar su situación de insolvencia, presentar una propuesta realista de lo que puede pagar, y demostrar que la alternativa (concurso o ejecución) es peor para el banco. Los bancos suelen aceptar quitas cuando ven que es la única forma de recuperar parte de su crédito. En LIDIARE negociamos con los bancos para conseguir las mejores condiciones.

Derecho Administrativo

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Las multas de tráfico pueden recurrirse en vía administrativa (recurso de alzada o reposición) y posteriormente en vía contencioso-administrativa. El plazo para el recurso administrativo es de 20 días desde la notificación. Es importante alegar los motivos de oposición (defectos de forma, errores en la identificación, circunstancias atenuantes) y aportar pruebas. En LIDIARE analizamos su caso para determinar las posibilidades de éxito.

El silencio administrativo es la respuesta presunta de la Administración cuando no contesta en plazo. El silencio positivo significa que su solicitud se entiende estimada; el silencio negativo, que se entiende desestimada. La regla general es el silencio negativo, salvo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado donde no se ejerciten facultades de intervención. Es importante conocer qué tipo de silencio aplica a su caso.

Sí, la Administración responde de los daños causados por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos (responsabilidad patrimonial). Por ejemplo: caídas por mal estado de aceras, accidentes por señalización deficiente, o daños por obras públicas. El plazo para reclamar es de 1 año desde que se produjo el daño. Debe acreditarse el daño, la relación de causalidad y la cuantía.

Las sanciones urbanísticas pueden recurrirse en vía administrativa (recurso de alzada) y posteriormente ante los tribunales contencioso-administrativos. Los motivos de impugnación incluyen: prescripción de la infracción, defectos de procedimiento, falta de tipificación, error en la calificación de la gravedad, o circunstancias atenuantes. Es fundamental actuar dentro de los plazos establecidos.

El plazo general es de 3 meses desde la iniciación del procedimiento, salvo que una norma específica establezca otro plazo. Si la Administración no resuelve en plazo, se produce el silencio administrativo. Puede reclamar en cualquier momento que se resuelva expresamente, y si el retraso le causa perjuicios, puede reclamar responsabilidad patrimonial.

Primero debe presentar recurso de reposición (1 mes) o directamente recurso contencioso-administrativo (2 meses). Debe analizar los motivos de denegación: si son subsanables, puede presentar nueva solicitud corrigiendo las deficiencias. Si considera que la denegación es improcedente, el recurso debe argumentar por qué su proyecto cumple la normativa urbanística aplicable.

La expropiación forzosa es la privación de propiedad por causa de utilidad pública o interés social a cambio de una indemnización (justiprecio). Tiene derecho a: ser notificado del expediente, alegar lo que estime oportuno, impugnar la necesidad de ocupación, discutir el justiprecio ante el Jurado Provincial de Expropiación, y recurrir en vía contencioso-administrativa. En LIDIARE defendemos que reciba una indemnización justa.

Sí, puede impugnar las bases de la convocatoria, los actos del tribunal de selección, o la resolución final. Los motivos pueden ser: irregularidades en el procedimiento, valoración arbitraria de méritos, filtración de exámenes, o incumplimiento de las bases. El plazo es de 1 mes para recurso de alzada o 2 meses para recurso contencioso. Es importante actuar rápidamente.

Derecho del Consumidor

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Para compras online, tiene 14 días naturales desde la recepción del producto para desistir sin dar explicaciones (derecho de desistimiento). El vendedor debe reembolsar el importe en un máximo de 14 días desde que comunique su decisión. Hay excepciones: productos personalizados, perecederos, prensa, o servicios ya ejecutados. Si no le informaron de este derecho, el plazo se amplía a 12 meses.

Los productos nuevos tienen una garantía legal de 3 años desde la entrega (para compras desde 2022; antes eran 2 años). Durante los 2 primeros años, se presume que el defecto era de origen. El vendedor debe reparar, sustituir, rebajar el precio o devolver el importe. Los productos de segunda mano pueden tener garantía reducida (mínimo 1 año). Las garantías comerciales son adicionales a la legal.

Sí, puede exigir que se preste el servicio conforme a lo acordado, una reducción del precio proporcional, o la resolución del contrato con devolución del importe. Si la publicidad prometía características que no se cumplen, también puede reclamar por publicidad engañosa. Conserve el contrato, presupuesto, publicidad y cualquier comunicación que acredite lo pactado.

El Reglamento europeo establece compensaciones de 250-600€ según la distancia del vuelo para cancelaciones o retrasos superiores a 3 horas, salvo circunstancias extraordinarias. Además, tiene derecho a asistencia (comida, alojamiento) y reembolso o transporte alternativo. Reclame primero a la aerolínea y si no responde en 1 mes, puede acudir a AESA o a los tribunales.

Revise los consumos y tarifas facturados. Si detecta errores, reclame primero a la comercializadora (tienen 1 mes para responder). Si no resuelve, acuda a la Junta Arbitral de Consumo o a la CNMC. Si le cobran estimaciones muy superiores al consumo real, puede exigir la devolución de lo cobrado indebidamente. Guarde todas las facturas y comunicaciones.

Sí, los contratos celebrados fuera de establecimiento comercial o a distancia (teléfono, internet) tienen un plazo de desistimiento de 14 días sin necesidad de justificación. El vendedor debe informarle de este derecho; si no lo hace, el plazo se amplía a 12 meses. Comunique su desistimiento por escrito (burofax) para tener prueba.

Una cláusula es abusiva si causa un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. Ejemplos: renuncias a derechos legales, penalizaciones desproporcionadas, modificaciones unilaterales del contrato, fueros de competencia distintos al domicilio del consumidor, o limitaciones de responsabilidad. Las cláusulas abusivas son nulas de pleno derecho.

Primero, documente todo (capturas de pantalla, correos, datos del vendedor). Comuníquelo a su banco para intentar recuperar el pago (especialmente si pagó con tarjeta). Denuncie en la Policía Nacional (Brigada de Delitos Telemáticos) o Guardia Civil (Grupo de Delitos Telemáticos). También puede reclamar a través de la plataforma europea ODR si el vendedor es de la UE.

Licitaciones y Subvenciones

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Los requisitos básicos son: estar dado de alta en el IAE y al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, no estar incurso en prohibiciones de contratar, tener capacidad de obrar y solvencia económica, financiera y técnica suficiente. Según el contrato, puede exigirse clasificación empresarial. En LIDIARE le ayudamos a cumplir todos los requisitos y preparar la documentación.

Puede interponer recurso especial en materia de contratación (contratos SARA) en 15 días hábiles ante el Tribunal Administrativo correspondiente, o recurso de alzada en 1 mes para otros contratos. Los motivos pueden ser: infracción del procedimiento, valoración incorrecta de las ofertas, o incumplimiento de los criterios de adjudicación. Actuar rápido es fundamental.

La clasificación empresarial acredita la solvencia para contratar con la Administración. Es obligatoria para contratos de obras de más de 500.000€ y servicios de más de categoría 6. Se solicita al Ministerio de Hacienda (RELI) o a las comunidades autónomas. Clasifica a la empresa en grupos, subgrupos y categorías según su especialidad y capacidad económica.

Una UTE es una asociación de empresas para licitar y ejecutar conjuntamente un contrato público. Permite sumar solvencias y capacidades técnicas. Se formaliza mediante escritura pública y debe inscribirse en el Registro especial. Los miembros responden solidariamente ante la Administración. Es una opción interesante cuando una empresa sola no cumple todos los requisitos.

El plazo varía según cada convocatoria y debe consultarse en las bases específicas. Normalmente oscila entre 15 y 30 días desde la publicación en el boletín oficial correspondiente. Es importante preparar la documentación con antelación, ya que los plazos suelen ser estrictos e improrrogables. En LIDIARE le alertamos de convocatorias de su interés.

El incumplimiento de las condiciones puede conllevar: reintegro total o parcial de la cantidad percibida más intereses de demora, inhabilitación para obtener nuevas subvenciones durante varios años, y sanciones administrativas. Es fundamental cumplir todas las obligaciones de justificación y los fines para los que se concedió la ayuda.

El RELI (Registro Electrónico de Licitadores) es un registro oficial que simplifica la participación en licitaciones públicas, evitando aportar documentación repetida en cada procedimiento. La inscripción se realiza online y debe renovarse periódicamente. Estar inscrito agiliza enormemente la preparación de ofertas y demuestra seriedad a la Administración contratante.

No, una vez presentada la oferta dentro del plazo no puede modificarse. Solo se permite subsanar defectos u omisiones de la documentación administrativa si el órgano de contratación lo requiere. Por ello es crucial revisar cuidadosamente toda la documentación técnica y económica antes de la presentación. En LIDIARE verificamos que su oferta esté completa y sea competitiva.

Extranjería y Nacionalidad

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Los requisitos generales son: residencia legal y continuada en España (10 años como regla general, 5 para refugiados, 2 para nacionales de países iberoamericanos, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Andorra, Portugal, sefardíes, 1 año para nacidos en España o casados con español). Además: buena conducta cívica, integración en la sociedad española (exámenes CCSE y DELE A2), y medios económicos.

El plazo legal máximo es de 3 años desde la solicitud, aunque actualmente los tiempos reales oscilan entre 2 y 4 años según la oficina y el momento. Si no se resuelve en 3 años, se produce silencio negativo, pero puede continuar esperando la resolución expresa. En LIDIARE hacemos seguimiento de su expediente para detectar posibles incidencias.

El arraigo es una autorización de residencia por circunstancias excepcionales para extranjeros en situación irregular. Existen: arraigo laboral (2 años de residencia + relación laboral de 6 meses), arraigo social (3 años + contrato de trabajo u oferta + vínculos familiares o informe de integración), y arraigo familiar (padre/madre de menor español o hijo de español). En LIDIARE tramitamos su arraigo con máximas garantías.

Sí, pero con limitaciones. Con autorización de estancia por estudios puede trabajar a tiempo parcial (máximo 30 horas semanales) siempre que sea compatible con sus estudios y obtenga una autorización de trabajo. Los ingresos del trabajo no pueden ser la fuente principal de subsistencia. Al finalizar los estudios, puede solicitar la modificación a residencia y trabajo.

El residente legal en España puede reagrupar a: cónyuge, hijos menores, hijos mayores o ascendientes a su cargo (con condiciones). Requisitos: residencia renovada, vivienda adecuada certificada por el ayuntamiento, y medios económicos suficientes (IPREM + porcentaje por familiar). El procedimiento se inicia en España y el familiar tramita el visado en el consulado de su país.

Tiene 1 mes para interponer recurso de alzada ante el órgano superior o 2 meses para recurso contencioso-administrativo ante el juzgado. Mientras tanto, puede seguir residiendo legalmente en España hasta la resolución. Es importante analizar los motivos de denegación: si son subsanables (documentación), puede presentar nueva solicitud paralelamente al recurso.

El visado para teletrabajadores internacionales permite residir en España mientras trabaja remotamente para empresas extranjeras. Requisitos: ser profesional cualificado, tener relación laboral con empresa no española de al menos 3 meses, ingresos mínimos del 200% del SMI, y seguro médico. Se solicita en el consulado español del país de origen. Tiene validez de 1 año, prorrogable a 3.

Sí, la residencia de larga duración se pierde si permanece fuera de la UE más de 12 meses consecutivos, o fuera de España más de 6 años. Las ausencias deben estar justificadas y no superar ciertos límites. Si necesita ausentarse por periodos largos, consulte previamente para evitar perder su estatus. En LIDIARE le asesoramos sobre cómo mantener su residencia.

Nuevas Tecnologías

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Es obligatorio nombrar DPD si: es autoridad u organismo público, realiza observación sistemática y a gran escala de personas, o trata a gran escala datos sensibles (salud, origen étnico, ideología, etc.). Aunque no sea obligatorio, es muy recomendable para cualquier empresa que trate datos personales de forma significativa. El DPD puede ser interno o externo. En LIDIARE ofrecemos servicio de DPD externo.

El RGPD establece sanciones de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación global anual (lo que sea mayor) para infracciones muy graves. La LOPDGDD distingue: infracciones leves (hasta 40.000€), graves (hasta 300.000€) y muy graves (hasta 20 millones). Las sanciones más comunes se imponen por envío de comunicaciones comerciales sin consentimiento, brechas de seguridad no notificadas, o transferencias internacionales irregulares.

Debe informar claramente de qué cookies utiliza, su finalidad y duración (política de cookies), y obtener el consentimiento previo para las cookies no esenciales mediante un banner que permita aceptar, rechazar o configurar las preferencias. Las cookies técnicas necesarias para el funcionamiento no requieren consentimiento. El incumplimiento puede acarrear sanciones de la AEPD.

El software se protege automáticamente por derechos de autor desde su creación. Para mayor protección: documente el desarrollo, registre el código fuente en el Registro de la Propiedad Intelectual, utilice licencias adecuadas (propietarias, open source), y proteja mediante secreto industrial los algoritmos y know-how. Los nombres y logos pueden protegerse como marcas.

El contrato SaaS (Software as a Service) regula el acceso a una aplicación en la nube. Cláusulas esenciales: descripción del servicio y niveles de disponibilidad (SLA), precio y forma de pago, propiedad intelectual, protección de datos (con contrato de encargado del tratamiento), confidencialidad, limitación de responsabilidad, portabilidad de datos, y condiciones de terminación.

Primero, reporte el perfil falso a la plataforma (todas tienen mecanismos de denuncia por suplantación). Si no actúan, puede denunciar ante la Policía Nacional o Guardia Civil (delito de usurpación de identidad). Si se utilizan sus datos personales, puede reclamar ante la AEPD. Si hay perjuicio económico o reputacional, puede reclamar indemnización por vía civil.

Una tienda online debe cumplir: LSSI (información sobre la empresa, contratación electrónica, comunicaciones comerciales), RGPD/LOPDGDD (tratamiento de datos personales), normativa de consumidores (información precontractual, derecho de desistimiento, garantías), y normativas sectoriales según el producto. En LIDIARE auditamos su e-commerce y elaboramos toda la documentación legal necesaria.

Como prestador de servicios de intermediación, no es responsable de los contenidos publicados por usuarios si: no tiene conocimiento efectivo de su ilicitud, y actúa diligentemente para retirarlos cuando lo conoce. Debe implementar un sistema de notificación y retirada de contenidos ilícitos. Si no actúa tras ser notificado, puede ser corresponsable. Es recomendable tener términos de uso claros.

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